Pablo Sanabria-Pulido – Noviembre 30 de 2019

Colombia vive un momento inédito de confusión y tensión social en torno a la agenda gubernamental. En ese contexto, las políticas públicas, como campo de estudio, han construido un acervo de conocimientos que de hecho plantean algunas respuestas al contexto actual del país. A continuación, reviso algunos de ellos buscando aterrizarlos y traerlos a la actualidad:

  • Los cambios sociales y tecnológicos han generado una migración hacia nuevas estructuras de gobernanza. El arte de gobernar es cada vez menos un ejercicio aislado de mandarines. Hoy se habla más de gobernanza que de gobierno, entendida esta como un ejercicio compartido de deliberación y direccionamiento colectivo. Los avances sociales de las últimas décadas, los cambios sociodemográficos, las mejoras en los niveles educativos de la ciudadanía, el menor rol de los partidos políticos y el ascenso de los gobiernos de coalición y, particularmente, el rol dinamizador y conectante de redes sociales y tecnologías de información y comunicación, han abierto nuevos espacios a ese ejercicio compartido de gobierno. Grupos y actores encuentran hoy públicos activos y canales abiertos para la participación, si bien pueden enfrentar barreras de gobiernos que buscan mantener su potestad para seguir escogiendo quiénes y cómo participan en la deliberación. Aún frente a esas barreras, la coyuntura actual interconectada facilita que grupos por fuera de los espacios de discusión/negociación expresen sus inconformidades y usen los recursos que tengan a su disposición (movilización, cambios en opinión pública, bloqueo etc.) para buscar visibilidad, lograr ser incluidos y afectar la agenda gubernamental.
  • Se ha diluido el rol del alto ejecutivo en la definición de agenda de políticas públicas: Un concepto clave en políticas públicas es el proceso de definición de agenda, es decir, la construcción del listado de temas de política pública (y sus priorizaciones) por parte de un gobierno. La literatura plantea la definición de agenda como una potestad del gobierno de turno, dentro de la cual el/la presidente juega un rol fundamental y casi único. Este rol, no obstante, ha cambiado en la práctica. La realidad de gobernanza imperante ha traìdo un rol más activo de otros actores sociales, tanto en la búsqueda activa de inclusión de temas en la agenda, pero también para hacer cuestionamientos a la agenda gubernamental. Por otro lado, frecuentemente el proceso electoral no deja mayorías absolutas, y aparecen grupos políticos y sociales que no necesariamente comparten todos los temas o prioridades del gobierno. En un contexto de gobernanza, el poder del ejecutivo para definir independientemente su agenda se diluye, ante lo cual surge la necesidad de vincular acciones de corte político que ayuden a anticipar bloqueos a la agenda y pérdidas de gobernabilidad.
  • Las brechas entre la agenda del gobierno y la agenda de la sociedad se hacen evidentes: Desde la literatura se han planteado la existencia (usual) de brechas entre la agenda gubernamental/institucional (que no siempre es la misma que se muestra al público en general) y la agenda de la sociedad (que no es monolítica, está fragmentada por grupos/poblaciones etc.). La agenda de políticas públicas surge, de hecho, en un contexto competitivo de intereses entre Gobierno/Estado y sociedad. Los cambios sociales y la mayor participación de grupos y actores, han propiciado una posición mucho más abierta de estos a expresar su descontento por las diferencias que se pueden evidenciar entre sus expectativas y la agenda definida por los gobiernos. Dicha brecha, según la literatura, puede ser resuelta mediante estrategias de regateo y negociación entre esos grupos y el gobierno. Proceso clave si lo que se busca es mejorar los niveles de gobernabilidad y legitimidad gubernamental.
  • El problema de la acción colectiva y los excesos/carencias de representación: los postulados de Mancur Olson visibilizaron un problema clave del sistema democrático y las políticas públicas:  aquellos individuos con intereses particulares, claramente definidos y compartidos entre sí, pueden agruparse más fácil, y por ende obtener mayor influencia sobre el gobierno y su agenda. En este contexto, los grupos de interés/presión (gremios, sindicatos, asociaciones profesionales, asociaciones de ciudadanos etc.) usan sus recursos para influir sobre los gobiernos y lograr un lugar privilegiado en el proceso deliberativo y de decisión. Ya sea en la identificación de los problemas, en la definición de agenda o en la formulación o implementación de las políticas públicas. Esto los pone en ventaja frente a necesidades más generales de los ciudadanos, desviando la agenda del interés común y en algunos casos generando captura del Estado. En este contexto, otra potestad clave de la figura presidencial y del gabinete en políticas públicas es, precisamente, definir a qué grupos/actores les presta atención. En algunos casos, esa definición se vuelve un proceso formal (como en algunos países escandinavos) pero en otros usualmente está influida por el momento político y económico, los retos de legitimidad/gobernabilidad o las coyunturas y problemas existentes de política pública. En el contexto actual, este poder se mantiene relativamente intacto para la figura presidencial en la mayoría de países democráticos, pero el mayor flujo de información, filtraciones etc., pueden facilitar que grupos excluidos busquen exigir de forma más visible un espacio al gobierno usando múltiples recursos de presión.
  • ¿Mayor participación ciudadana y gobierno abierto? Aquí están. La última década, puso sobre la mesa más explícitamente la necesidad de fortalecer/abrir la relación entre los gobiernos y los ciudadanos. Se buscaba abrir la puerta, permitir mayor transparencia y estimular nuevos canales de doble vía entre los gobiernos, los actores/organizaciones estatales, y los ciudadanos. Más participación. Pero para algunos esta aparecía como un reto difícil de materializar y quizás una talanquera que ralentizaba los procesos de políticas públicas. Los avances diversos mostraron las dificultades de llevar a la práctica la transparencia, el acceso; por ejemplo, al tener organizaciones que esperaban cumplir con esos derroteros simplemente porque ponían más información en sus páginas web y redes sociales. No obstante, paralelamente, los cambios sociales y tecnológicos mencionados han catalizado nuevos espacios de participación para los ciudadanos hacia el gobierno. Esto ha conllevado que ciudadanos y grupos hoy no sólo tengan más canales de acceso, sino que expresen de forma más abierta y directa sus opiniones, eleven solicitudes de cambio, y expresen descontentos con las formas de acción gubernamental. En esa medida, la ciudadanía aparece de forma más contundente expresando sus diferencias con el gobierno y llega para participar de forma directa en un contexto mucho más amplio de gobernanza en el que el gobierno cerrado es cada vez menos factible, al menos en un contexto democrático.

En este contexto, la ciudadanía del nuevo siglo plantea un rol más activo de participación y activismo en políticas públicas. Aspectos como la definición de agendas de forma unilateral por el gobierno se hacen menos probables. Los partidos políticos son menos visibles y los movimientos ciudadanos lo son más. Emergen nuevos actores y grupos que, de forma más activa, en respuesta a cambios sociales y tecnológicos, se convierten en actores claves del entorno de decisión y acción gubernamental. Estos elementos juntos materializan el cambio de la idea tradicional de gobierno por una gobernanza compartida que conlleva nuevas formas de interacción, negociación y regateo entre actores y grupos, algunos más o menos legítimos frente al gobierno.  En este contexto, los gobiernos de países como Colombia, Chile, otros países de América Latina y del globo, enfrentan tensiones quizás inéditas. En ese orden de ideas, podrían reinventar sus formas de actuación e interacción, y expandir los procesos y espacios políticos que enmarcan las políticas públicas, todo ello en busca de gobernabilidad y legitimidad. Un reto que no es menor.